Magistrada sostuvo que se determinó la legalidad de la detención.
Tras la avalancha de críticas que recibió la magistrada Zulay Sánchez por la liberación de los implicados en la presunta venta de un bebé, cuyo paradero es desconocido a la fecha, la jueza en cuestión aseveró que, su decisión obedeció a la legalidad de la detención de los imputados, la cual se determinó fue arbitraria, debido a que se realizó fuera del plazo de flagrancia de 24 horas. Ello en razón a que desde el ámbito jurídico primó el criterio de establecer la legalidad o no de la detención. La jueza refirió que, la captura de los imputados a cargo de la Policía Nacional del Perú se realizó el 4 de setiembre, por lo que considerando que el presunto hecho delictivo se perpetró entre el 31 de agosto y 1 de setiembre, el plazo de flagrancia había expirado.
“En lo que respecta a la libertad (de los imputados) se sustentó en que se realizó un control de la legalidad de la detención. “Yo como juez lo que evaluo es si la detención que había realizado la Policía Nacional del Perú estaba acorde a lo constitucional y la ley, es un acto totalmente distinto a la prisión preventiva que se determinó a posteriori, son actos totalmente distintos”, aseveró.
Debido a ello, se indicó que se comunicó a la institución castrense de la presunta inconducta funcional de los dos efectivos policiales que participaron en la detención de los sujetos. La jueza Zulay Sánchez refirió que se someterá a la investigación que se ha iniciado en su contra por el plazo de 30 días a fin de determinar si hubo deficiencias en la ejecución de la decisión judicial.
Por último, explicó que tras determinarse la prisión preventiva de los implicados, se ha firmado el requerimiento de captura, y también se debatirá la solicitud del Ministerio Público de impedimento de salida.