Consorcio Machupicchu Pueblo trata de prestar el servicio de transporte.
El 2017, el abogado de la empresa Waynapicchu habría pagado una coima de US$ 50 mil a la jueza Bony Gamarra del Primer Juzgado Mixto de Santiago en Cusco. Buscaba impedir que los buses de esta empresa que es parte de Consettur sean sacados de la ruta, hecho que logró, pues la jueza modificó su resolución y solo terminó perjudicando a las empresa Tramusa y Pachacútec que también son parte de Consettur. Sin embargo, todo fue anulado por una sala superior y el Consorcio Machupicchu Pueblo (CMP) que buscaba ingresar a la ruta Hiram Bingham, acudió al Tribunal Constitucional, instancia que tampoco le dio la razón.
PERJUICIO. Por esta razón, ahora el CMP, señala que fueron perjudicados con el pago de ese supuesto soborno y exigen que la justicia se pronuncie para que ellos exijan una compensación. “Sentimos que Consettur tiene injerencia en el Poder Judicial y eso nos perjudica en varios fallos.
La medida cautelar que ordenaba el ingreso de 12 de nuestros vehículos, nunca se ejecutó por la presunta coima. Consettur se benefició”, señala Aarón Medina, abogado del CMP.
Por su parte, las tres empresas que integran Consettur, niegan cualquier beneficio. “Lo que aduce el consorcio es falso. Lo que decidió la jueza Gamarra fue anulado por una sala superior, incluida la cautelar; motivo por el cual, todo se vio en el TC, donde no se dice nada sobre la cautelar que emitió Bony Gamarra”, citan.