Accionar de alcalde Ronald Vera y sus funcionarios es investigado por el Ministerio Público.
Luego de varias idas y venidas, y de un escándalo a nivel internacional por una licitación fallida, la ruta turística hacia Machupicchu vuelve a estar en el centro de la tormenta. Esta vez no se trata solo de una disputa empresarial ni de una controversia administrativa: la Primera Fiscalía Provincial Penal de Urubamba ha abierto investigación preliminar en sede policial por presunta falsedad ideológica y presunto abuso de autoridad, en un caso que toca directamente el proceso de licitación pública vinculado al servicio de transporte turístico terrestre en la ruta de acceso a la antigua ciudad inca de Machupicchu y/o Hiram Bingham.
PROCESO OBSERVADO. Según la disposición fiscal, el punto neurálgico del caso estaría en un documento aparentemente técnico, pero penalmente explosivo: el ‘Cuadro sobre la absolución de consultas y observaciones’. Allí, conforme a la denuncia, se habría consignado información presuntamente falsa para responder una observación presentada por la empresa Transporte Internacional Trans Perú S.A.C.
La pregunta que ahora deberá responder la investigación es directa: ¿se trató de un simple error administrativo, de una mala interpretación jurídica o de una maniobra funcional para sostener una licitación sin considerar autorizaciones vigentes?
El documento fiscal recoge que Trans Perú consultó si la Resolución de Gerencia N.° 788-2022-GDUR-MPU, que habilitaba dos unidades vehiculares para prestar el servicio, se encontraba vigente o había sido declarada nula. La respuesta del comité especial habría sido que dicha resolución fue declarada nula mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 077-2024-GM-MPU/C.
ALARMA PENAL. Pero ahí aparece el dato que enciende la alarma penal: la denuncia sostiene que esa afirmación sería falsa, porque la resolución municipal no habría anulado expresamente la Resolución N.° 788-2022, sino la Resolución N.° 195-2022. En términos simples: se habría usado una supuesta nulidad para afirmar que no existían autorizaciones vigentes que afectaran las 24 unidades vehiculares materia de licitación.
Si esa hipótesis se confirma, el caso dejaría de ser una discusión burocrática y pasaría a tocar una zona mucho más delicada: la posible inserción de información falsa en un documento oficial utilizado dentro de un proceso de licitación pública.
La Fiscalía ha incluido como investigados a integrantes del comité especial y al alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera, además de “los que resulten responsables”. La disposición menciona a Wilfredo Condeña, Miriam Guevara, Roger Conza, Vladimir Zúñiga, Mariano Baca, Samuel Alegría, Dante Ramírez, Yovani Gómez, Eiger Sánchez, Sandro Ruiz y Dante Yucra. El caso también golpea a la Municipalidad Provincial de Urubamba, que aparece como agraviada junto con la empresa denunciante. Esto abre una paradoja incómoda: la entidad municipal podría ser víctima institucional de actos presuntamente cometidos desde su propia estructura funcional. La ruta Hiram Bingham no solo transporta turistas, también transporta poder, dinero, intereses y decisiones públicas que deben ser absolutamente limpias. Hoy, la Fiscalía ha abierto la puerta para revisar si esa limpieza existió o si detrás de un cuadro de absolución de observaciones se escondía una verdad incómoda.