Gestión de la alcaldesa Jackelin Jiménez mantiene inconclusa la obra de seguridad ciudadana.
La obra: ‘Mejoramiento, ampliación de la prestación del servicio de seguridad ciudadana y serenazgo’ de la Municipalidad Distrital de San Sebastián’, vuelve a quedar bajo cuestionamientos luego de que un reciente informe de la Contraloría General de la República advirtiera riesgos en la ejecución del proyecto y, además, se revelara que aproximadamente 500 cámaras de videovigilancia continúan almacenadas sin entrar en funcionamiento.
MODIFICACIONES. El proyecto, identificado con el CUI 2338683, inició con un presupuesto de S/ 24 millones 380 mil 452; sin embargo, tras varias modificaciones presupuestales, ampliaciones y actualizaciones, actualmente alcanza un costo de S/ 56 millones 454 mil 206, según el Informe de Hito de Control N.° 005-2026-OCI/1628-SCC emitido por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.
La Contraloría señala que la obra, iniciada el 16 de noviembre de 2020 con un plazo inicial de 540 días calendario, continúa inconclusa hasta marzo de 2026 y ya registra siete ampliaciones de plazo, además de suspensiones contractuales y modificaciones técnicas.
Uno de los aspectos que más llama la atención es la situación de las cámaras de videovigilancia adquiridas para el proyecto. El regidor de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, Julio Condori, ya había advertido que actualmente existen alrededor de 500 cámaras almacenadas dentro del local del proyecto y cuestionó la capacidad operativa de la comuna para implementar un sistema de esa magnitud.
“Estamos hablando de 500 cámaras el día de hoy que inicialmente era mucho menos, menos de la mitad”, manifestó el regidor durante una entrevista, señalando además que la municipalidad no tendría actualmente capacidad administrativa ni operativa para sostener un sistema de vigilancia de ese tamaño.
ABANDONADAS. Condori Aragón también indicó que las cámaras permanecen almacenadas y que varias aún no habrían sido sometidas a pruebas completas antes de una eventual recepción. “Lo que estamos recomendando es que todas las cámaras han de verse probadas antes de recibirlas. Han de tener por lo menos saber que sí funciona porque ahorita está almacenada en el local”, declaró.
La situación coincide con una de las observaciones formuladas por la Contraloría. El órgano de control detectó que ambientes del módulo principal del proyecto vienen siendo utilizados como depósitos de bienes y equipos que aún no han sido formalmente recepcionados. Las imágenes incorporadas en el informe muestran cajas, materiales y accesorios almacenados en distintas áreas internas del edificio.
Según el informe, esta situación estaría afectando la culminación de trabajos pendientes como instalaciones eléctricas, pintura y acabados arquitectónicos, además de generar el riesgo de nuevas ampliaciones de plazo y pagos adicionales a contratistas.
El informe también advierte que el Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) no registra información actualizada respecto al último plazo vigente y avances posteriores a diciembre de 2025, situación que —según Contraloría— limita la transparencia y el seguimiento ciudadano del proyecto.
PROBLEMAS. Otro punto observado involucra al Consorcio Techquk, responsable de la implementación tecnológica del sistema de seguridad ciudadana. La Contraloría detalla que el contrato fue suspendido por problemas de homologación de equipos y posteriormente retomado, en medio de varias incidencias contractuales.
Asimismo, el órgano de control advirtió un posible riesgo de valorización de servicios no ejecutados vinculados al alquiler de postes de media y baja tensión para la instalación de fibra óptica y cámaras. Según el informe, pese a que la valorización económica ya estaba considerada dentro del proyecto, todavía no se había suscrito el contrato correspondiente con la empresa concesionaria eléctrica.
La Contraloría sostiene que esta situación podría afectar la legalidad y transparencia del gasto público debido al riesgo de reconocimiento de pagos por trabajos aún no ejecutados.
El informe fue remitido a la alcaldesa de San Sebastián, Jackelin Jiménez, y lleva las firmas de Diana Almanza, jefa del Órgano de Control Institucional, y Barnaby Vega, jefe de comisión del control concurrente. Entre los funcionarios vinculados al proyecto también aparecen Ingrover CMI Vargas Ugarte como jefe del proyecto y Erix Huilca como inspector de obra.
Hasta marzo de 2026, la obra registra un avance físico acumulado de 75.88 %, pese a haber transcurrido más de cinco años desde el inicio de su ejecución.