Pagos bajo un contrato que nunca inició, facturas sustentadas en ingresos ‘históricos’ y una nulidad que hoy abre la puerta a un posible enriquecimiento sin causa. Bajo la alcaldía de Ronald Vera, la empresa Torontoy cobró cerca de S/ 1.6 millones mientras el contrato que lo sustentaba fue declarado nulo. El contrato nunca se ejecutó. La flota nunca operó como se prometió. El título habilitante hoy es legalmente inexistente. Pero el dinero sí salió.
LAMENTABLE. La documentación revisada por este medio, sumada a la propia admisión del asesor legal de Consettur, confirma que Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy S.A. cobró aproximadamente S/ 1.6 millones en el marco del fallido cambio de operador de la ruta Hiram Bingham, pese a que no prestó el servicio de transporte y a que su contrato de concesión jamás inició fase de ejecución.
La cifra no es una proyección ni una interpretación periodística. Es el monto reconocido por la propia empresa que efectuó el pago.
Nuestro medio tuvo acceso a dos facturas electrónicas emitidas por Torontoy a favor de Consettur Machupicchu S.A.C., correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2025. Sin embargo, no ambas fueron pagadas. Así lo confirmó César Mosqueira, asesor legal de Consettur, en entrevista con este medio:
“Nosotros hemos recibido dos facturas de parte de Torontoy, una por el mes de octubre y otra por la producción del mes de noviembre. De ellas, es preciso informar que se ha pagado una por la suma aproximada de un millón seiscientos o setecientos mil soles”.
Redondeada con criterio conservador, la cifra confirmada asciende a cerca de S/ 1.6 millones efectivamente cobrados. Este punto es clave: no se trata solo de facturación, sino de un pago real, ya efectuado, por un servicio que no se encontraba en ejecución.
¿Por qué se pagó si Torontoy no operaba? La respuesta no está en el contrato con la Municipalidad Provincial de Urubamba — hoy declarado nulo—, sino en un acuerdo marco privado, suscrito el 25 de septiembre de 2025 entre Torontoy y Consettur, en el contexto de la intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para evitar la paralización del servicio turístico.
Ese documento estableció un esquema excepcional mientras se implementaba el llamado ‘plan de contingencia’. En ese marco, Consettur aceptó ceder a Torontoy la producción equivalente a nueve buses, aun cuando esos buses no se encontraban operando efectivamente.
“En el convenio se indicó que, en tanto se implementaba el plan de contingencia, nosotros seguíamos en operación incorporando paulatinamente los buses de Torontoy y otorgándole a ellos la producción de nueve buses. Es por eso que se ha cumplido con ese pago”, explica Mosqueira.
Lo más grave del esquema no es solo que se haya pagado sin operación, sino cómo se calculó el monto.
El propio asesor legal de Consettur lo admite sin rodeos: “Estos pagos no se calcularon sobre una producción real, sino en base a los ingresos históricos del año 2024”.
Es decir, Torontoy cobró como si ya estuviera operando, utilizando como referencia los ingresos pasados de Consettur, cuando en la práctica no tenía flota operativa completa, no había iniciado la ejecución contractual y dependía exclusivamente de un título habilitante que hoy ha sido anulado.
EL CONTRATO NULO Y EL TÍTULO QUE SE CAYÓ. El 30 de diciembre de 2025, la Municipalidad Provincial de Urubamba emitió la resolución que declara la nulidad del contrato de concesión otorgado a Torontoy, al acreditarse que la empresa presentó información inexacta sobre la disponibilidad de su flota vehicular, un requisito esencial para la adjudicación de la buena pro.
La resolución no deja margen a dudas: El contrato es nulo, la información inexacta fue determinante para la adjudicación, se dispone el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles y penales.
En términos jurídicos, ello implica que el título habilitante que sustentaba la posición de Torontoy dejó de existir.
La consecuencia legal es inevitable, y nuevamente es el propio abogado de Consettur quien la pone sobre la mesa: “Al declararse la nulidad, el título habilitante nunca existió y ese era justamente el aporte de Torontoy en el acuerdo. Al haber desaparecido, podría darse el caso de un enriquecimiento sin causa”.
La frase no es menor. Significa que Torontoy habría recibido dinero sin que subsista la causa legal que lo justificaba, abriendo la puerta a eventuales acciones de recuperación del monto pagado, procesos arbitrales, investigaciones por responsabilidad económica, un acuerdo privado que torció un servicio público.
Mientras la municipalidad de Urubamba recibía pedidos reiterados de suspensión de plazo por parte de Torontoy —hasta cinco solicitudes— y el alcalde atribuía los retrasos a supuestos entorpecimientos, el acuerdo privado ya garantizaba ingresos a favor de la empresa adjudicataria.
Todo ello ocurrió sin operación efectiva, sin flota completa y sin contrato vigente. El resultado es un escenario que hoy concentra el escándalo con cerca de S/ 1.6 millones ya cobrados, un contrato declarado nulo, un acuerdo privado que produjo efectos económicos reales.
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO? La pregunta central sigue sin respuesta. Este medio intentó comunicarse con Daniel Quispe, gerente de Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy S.A., para consultarle si el dinero cobrado fue distribuido entre sus asociados, cuál fue el destino final de los fondos, y si consideran legítimo haber cobrado sin operar la ruta.
Quispe respondió brevemente que se encontraba en ruta y que no podía brindar declaraciones en ese momento. Entretanto, el dato ya no admite discusión: Torontoy sí cobró. El contrato nunca operó y el dinero, hoy, no tiene una explicación pública clara. La pregunta queda planteada, con cifras y documentos sobre la mesa.