En recientes documentos se muestra que Torontoy le ‘copiará’ el costo de US$ 24 de pasaje a Consettur.
Tras una reunión entre la Presidencia del Consejo de Ministros y los principales actores involucrados en el caso carretera Hiram Bingham, se acordó que la titularidad de esta vía quedará en manos de las empresas Consettur y Torontoy, por lo menos hasta nuevo aviso, sin embargo, la propuesta de operación de esta última está plagada de vicios y copias, tal como mostraremos en esta nota.
LAMENTABLE. La Contraloría ha puesto el dedo en la llaga. El plan de contingencia, defendido con uñas y dientes por el alcalde de Urubamba, Ronal Vera y sus ‘allegados’, resultó ser un mamarracho. Un proyecto que supuestamente iba a sacar a Consettur de la ruta, terminó desnudo ante la Contraloría. Y la responsabilidad apunta directo al despacho del citado alcalde.
La historia comienza con un vacío monumental. El 5 de setiembre de 2025 se adjudicó la buena pro a la empresa Inversiones Sumac Ayllu San Antonio de Torontoy S.A., por 19 millones 440 mil soles. Pero, aún no se había suscrito el contrato entre la Municipalidad Provincial de Urubamba y la empresa a la que se le otorgó la buena pro, en otras palabras: se otorgó el servicio, se celebró la foto, se infló el pecho, pero jamás se firmó el contrato a tiempo. Una carretera al abismo, sin papeles ni garantías.
La gran sorpresa, la verdadera revelación que nadie supo hasta hoy y que la Contraloría pone en blanco y negro, es que el plan de Ronald Vera quedó desnudo en este documento. El famoso plan de contingencia anuncia con bombos y platillos que será la Municipalidad Provincial de Urubamba la encargada de vender los pasajes: “La venta de boletos se realizará en boleterías físicas en Machupicchu Pueblo y mediante la plataforma virtual de la municipalidad”, reza el documento, pero la Contraloría desenmascara el vacío. Urubamba, bajo la gestión de Vera, quiere ser la boletera, pero no explica nada: ni cómo calculó los montos, ni si hizo un estudio económico, ni siquiera si la tarifa será original o simplemente una copia de lo que cobraba Consettur. Tampoco detalla cómo se hará la recaudación o quién custodiará el dinero.
Un informe lapidario: un plan que promete recaudar millones, pero que no tiene caja ni candado, ni siquiera la fórmula para mover un sol.
SIN GARANTÍAS. El propio Plan de Contingencia señalaba que para garantizar el servicio debían estar disponibles entre 18 y 24 buses, cada uno con autorización vigente y capacidad mínima de 32 pasajeros ¿Por qué ese rango? Porque no bastaba con cubrir lo básico: se necesitaban unidades adicionales para atender la demanda en horas punta y contar con buses de retén que respondieran en caso de accidentes o fallas mecánicas
Sin embargo, la empresa Torontoy apenas ofreció 18, es decir, lo mínimo de lo mínimo. En la práctica, eso significaba que un solo desperfecto podía dejar a cientos de turistas varados.
Entre Consettur y la nueva empresa jamás hubo condiciones para una transición ordenada. Los documentos de la Contraloría lo revelan sin rodeos: el 5 de setiembre, fecha clave para sacar a Consettur, nada estaba listo. Dos empresas coexistiendo en la misma ruta, sin reglas, sin cronograma real, sin árbitro. Una transición que no fue tal, sino un choque frontal, un enfrentamiento anunciado desde el inicio. Y sin embargo, esto es lo que defiende Ronald Vera y sus aliados, que, lejos de proteger el patrimonio, han convertido la ruta de Machu Picchu en su botín político.
La Contraloría fue tajante: el plan de contingencia ni siquiera cumplía con las condiciones mínimas obligatorias para garantizar un servicio seguro. “En los Términos de Referencia no se consideró la flota de reten, ni taller de mantenimiento (maestranza), ni el personal mínimo requerido — conductores dobles, asistentes de abordo, mecánicos de guardia, personal de mantenimiento de vía—” . Y lo más grave de todo: cuando la Contraloría intentó verificar los buses en Hidroeléctrica, el 11 de setiembre, se toparon con una muralla humana. “Los auditores fueron repelidos por pobladores que se encontraban al cuidado de las unidades y alegaban que no tenían ninguna autorización para permitir el pase”
Es decir, la municipalidad cerró la puerta al control, impidiendo que se comprobara si los buses siquiera existían.
Al final, lo que se presentó como un plan de contingencia no fue más que un mamarracho disfrazado de solución. Con este mamarracho se pretendía sacar a Consettur, que aunque ya no tiene contrato vigente, sigue siendo hoy la única empresa que presta el servicio a los turistas. Un plan incompleto, improvisado y defendido por el alcalde de Urubamba y toda la comparsa de alcaldes de Somos Perú en el Valle Sagrado. Este mamarracho no resolvió nada: solo exhibió, otra vez, la incapacidad de sus autoridades y sembró el caos que ahora todos vemos en Machu Picchu.