Funcionarios están a punto de licitar proyecto manoseado de seguridad ciudadana.
Un proyecto de seguridad ciudadana, muy necesario en el distrito de Santa Ana – La Convención, fue burdamente manipulado y hasta aumentado en sus costos, esto por malos funcionarios ediles, quienes buscaron sorprender a una empresa consultora, municipio, e incluso a la Contraloría General de la República.
DELITO. Se trata de un expediente para la mejora de seguridad ciudadana, cuyos componentes se elaboraron en planta, exceptuando el componente dos, para el cual contrataron a un consultor externo, el mismo que hizo su trabajo y junto a los otros tres componentes se integró a un trabajo que fue aprobado, sin embargo, luego caen en cuenta que el presupuesto es muy alto y deciden que componente uno y dos se trabaje bajo la modalidad obras por impuestos y para ello solicitan la autorización del consultor para hacer el cambio, pero, no solamente modificaron la modalidad de proyecto sino también los presupuestos, aumentándoles partidas que no estaban en el expediente original sin pedirle permiso al consultor y mandaron ese documento corrupto a Contraloría, que les responde con un informe previo (N°23-2025-CG/ GRCU – Contraloría), a modo de autorización para que se ejecute el proyecto.
Después de todo esto, en agosto, recién le envían una carta al consultor (Oficio N°048—2025-GSP-MPLC dirigido a Seytel Ingenieros), pidiéndole permiso para modificar los precios, cuando este cambio ya había sido hecho, a través de la falsificación de la firma y sello del consultor.
Luego de ello, el informe previo fue anexado a la carta enviada en agosto y astutamente no le colocan los precios, sino que mutilan esa parte del informe previo, pero al revisar este informe previo completo en la web, se da cuenta de la alteración, manipulación y omisión de esos costos, lo cual constituye un delito penal por falsificar un componente de un expediente técnico que está a punto de licitarse para iniciar con la obra.
Descubierta esta falsificación, la Oficina de Control Interno y la Procuraduría Anticorrupción son las llamadas a hacer las investigaciones correspondientes para iniciar procedimientos administrativos y sancionadores a los responsables de adulterar el componente dos del mencionado proyecto.