En caso de desacato autoridades serían denunciadas.
El 17 de abril se cumple el plazo de 30 días hábiles para que se elabore un nuevo informe para la demolición del Hotel Sheraton y se restituyan los muros incas destruidos; en caso de incumplimiento por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura o la municipalidad del Cusco, las instituciones se harían acreedoras de los apercibimientos legales correspondientes.
PLAZO FIJADO. La resolución 143 del Quinto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, emitida el 04 de marzo, tiene carácter de ejecución, debido a la decisión del Tribunal Constitucional que dispuso la demolición de nueve pisos y dos sótanos de la infraestructura que dañó la monumentalidad inca. La omisión a la disposición judicial desencadenaría en la destitución de las autoridades y/o funcionarios, y el inicio de procedimientos legales por desobediencia a la autoridad, refirió la abogada Tika Luizar, integrante de la Comisión de Juristas del Cusco.
“(Las instituciones) tienen que cumplir el mandato sí o sí. A las buenas o las malas”, expresó. La abogada señala que todavía en el año 2019 el Poder Judicial dispuso la demolición del mamotreto de Saphy; sin embargo, los propietarios de la construcción, haciendo uso de múltiples recursos legales buscaron trabas. Uno de los argumentos soslayados fue la supuesta afectación al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, el cual fue descartado, al carecer de fundamentos. Ante la posibilidad que una vez más se busquen excusas para no llevar a cabo la restitución de los muros incas, sigue en pie la recolección de dinero para costear los trabajos de demolición. Así como también se coordina el apoyo de organizaciones que puedan ayudar en las labores de trabajo.