Se le acaba el tiempo a nefasta gestión municipal que accionó mal con la vía Hiram Bingham.
Hay autoridades que responden con documentos. Otras con conferencias de prensa. Y hay quienes, cuando una cámara los busca, simplemente desaparecen. Eso fue lo que ocurrió cuando llegamos hasta Urubamba para hacer una sola pregunta: ¿qué pasó con la cuestionada licitación de la ruta Hiram Bingham? Esperamos más de una hora. Mientras tanto, el alcalde Ronald Vera nunca apareció para responder. En cambio, en los exteriores se produjo un ambiente tenso con personas vinculadas al mercado, las espontáneas plañideras de la gestión, mientras el reloj avanzaba sin respuestas, varias de las comerciantes habían cambiado el bullicio de sus puestos por el salón de sesiones. Durante más de cinco horas permanecieron allí y, poco a poco, fueron formando un cordón que, más que proteger un recinto, parecía levantar una muralla alrededor del alcalde frente a un micro con muchas preguntas que buscaban una explicación. Pero la verdadera historia no estaba en la puerta de la municipalidad, estaba escondida en decenas de páginas de documentos, resoluciones, informes y una denuncia penal que hoy coloca al alcalde y a varios funcionarios bajo el reflector de la Fiscalía. Porque ya no se trata únicamente de una polémica contratación. Ahora existe una denuncia que solicita investigar presuntos delitos como falsedad ideológica, uso de instrumento público con contenido falso, negociación incompatible y hasta presunta organización criminal.
LAMENTABLE. La ruta Hiram Bingham no es cualquier servicio, es el acceso terrestre hacia uno de los destinos turísticos más importantes del planeta: Machupicchu.
Cada decisión sobre esta operación repercute directamente en miles de visitantes, operadores turísticos, trabajadores y en la imagen del país. Precisamente por eso, la Municipalidad Provincial de Urubamba tenía la responsabilidad de planificar con anticipación el proceso para garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, ‘Tendencia Semanal’ ha documentado en diversos reportajes que eso no ocurrió, y ahora una denuncia presentada ante la Fiscalía, lo confirma. El documento sostiene que el vencimiento del esquema existente era conocido desde mucho antes, es decir, no habría sido un hecho inesperado, pese a ello, la gestión terminó recurriendo a un procedimiento excepcional alegando una situación de desabastecimiento, cuando, según la denuncia, esa situación pudo haberse evitado mediante una planificación oportuna. En términos simples: La municipalidad sabía que el contrato terminaba. Sabía que debía convocar una nueva licitación. Pero, según la denuncia, no lo hizo a tiempo y esa falta de previsión terminó abriendo la puerta a una contratación extraordinaria. Así apareció Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy S.A. La empresa obtuvo la buena pro mediante un procedimiento no competitivo impulsado por la municipalidad de Urubamba. Sin embargo, poco después comenzaron las observaciones. Documentos posteriores mencionan cuestionamientos sobre la disponibilidad real de la flota ofrecida y comunicaciones de propietarios de unidades que habrían negado autorizaciones para su utilización. La situación llegó a tal punto que la propia municipalidad terminó declarando la nulidad del contrato por la causal vinculada a la presentación de información inexacta durante el procedimiento. En otras palabras, la misma gestión terminó dejando sin efecto una contratación que ella misma había impulsado. y todo eso fue documentado por nuestra unidad de investigacion, y ahora esta contenida en la denuncia fiscal. La historia no termino ahí, después vino una nueva licitación, pero tampoco estuvo libre de cuestionamientos. La segunda licitación también fue cuestionada porque el alcalde incorporó a un ‘experto independiente’ con voz y voto dentro del Comité Especial, pese a que la norma establece que esta debe estar integrado solo por funcionarios públicos. Por ello, la propia municipalidad anuló la conformación del comité y ordenó retrotraer el proceso para empezar nuevamente desde esa etapa.
¿ORGANIZACIÓN CRIMINAL? La denuncia no se dirige únicamente contra el alcalde. También comprende a integrantes del Comité Especial y otros funcionarios. El petitorio solicita el inicio de investigación preliminar por presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento público con contenido falso, negociación incompatible y presunta organización criminal, además de otros ilícitos que pudieran determinarse durante la investigación. Será la Fiscalía la encargada de establecer si existen o no responsabilidades penales. Pero el solo hecho de que una autoridad en funciones enfrente una denuncia de esta naturaleza convierte el caso en un asunto de evidente interés público. Por eso fuimos a buscar al alcalde, no para condenarlo, no para adelantar un juicio, fuimos para escuchar su versión. Para preguntarle por qué una contratación terminó anulada, para preguntarle por qué hoy existe una denuncia penal que lo involucra, para preguntarle qué responde frente a las graves imputaciones formuladas en su contra, pero las respuestas nunca llegaron, esperamos durante más de una hora, las cámaras permanecieron listas, el micrófono también, sin embargo, el alcalde evitó dar declaraciones y huyo de las nuestras camaras, y mientras eso ocurría, el equipo periodístico tuvo que afrontar momentos de tensión con personas en los exteriores que increparon nuestra presencia e intentaron obstaculizar la cobertura. ¿Por qué una ruta estratégica para el turismo terminó envuelta en tantas controversias? ¿Por qué una contratación impulsada por la propia gestión terminó siendo anulada por la misma municipalidad? ¿Por qué, cuando las preguntas tocaron la puerta del municipio, el alcalde eligió el silencio, el portazo y el escudo humano de un grupo de personas que salió a confrontar a la prensa en lugar de ofrecer respuestas? Las investigaciones recién comienzan. Ronald Vera en poco tiempo dejará de tener espontáneos protectores, y quizás ahí recién decida responder ante un juzgado, por ahora, la Fiscalía tendrá la última palabra. Pero mientras eso ocurre, la historia deja una imagen difícil de ignorar: una de las rutas turísticas más importantes del Perú atrapada entre decisiones cuestionadas, documentos bajo escrutinio y una denuncia que solicita investigar incluso la presunta existencia de una organización criminal.