Desorden inició tras la presuntamente amañada entrega de la vía Hiram Bingham.
El mal manejo de la ruta Hiram Bingham, las presuntas irregularidades en la concesión de ‘emergencia’ de esta vía a una empresa que hace agua por todos lados como ‘Torontoy’, ahora no solo afectan la operación y tránsito a través de esta ruta, sino ha sobrepasado todo límite, ocasionando incluso invasiones de terrenos, anarquía y afectación a zonas protegidas en la maravilla mundial peruana, y todo tiene un solo responsable, un solo nombre: Ronald Vera, alcalde de la municipalidad de Urubamba.
VERGONZOSO. Sucede que, todos los ‘asociados’ a la empresa Torontoy, que en estos momento opera de manera ilegal la ruta Hiram Bingham, no contentos con hacerse de ese contrato presuntamente amañado y firmado entre gallos y media noche, a fines de febrero fueron denunciados por invadir una faja marginal de la carretera que operan, debido a que su empresa está tan mal posicionada que no tiene sala de máquinas, maestranza, ni lugares de estacionamiento, teniendo que invadir propiedad del Estado para estos propósitos, como fue expuesto en el programa de investigación periodística ‘Tendencia Semanal’ del QT Tv.
Pero lo peor estaría por venir, frente a la inacción de las autoridades distritales y provinciales, estos invasores, en número de 200, la mayoría ligados a Torontoy, ahora invadieron la otra margen de la citada carretera, mencionando que ‘necesitan’ vivienda y un espacio para desarrollarse, cuando la verdad sería que únicamente buscan apropiarse de bienes ajenos y construir ahí un mercado al estilo mercachifle, en medio de un clima de tensión entre la Policía, el Ministerio Público, las autoridades, y los invasores. Todo esto frente a miles de turistas que todos los días hacen su paso por el lugar, y que no entienden cómo un montón de caramancheles, carpas y cercos de plástico informales, pueden establecerse sin ninguna objeción o problema, en un sitio protegido, vía a una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno.
INVESTIGAN. Estas dos invasiones, una en febrero y la otra en marzo, ya son investigadas por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial de Machupicchu, como confirmó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cusco, José Mayorga.”En Machu Picchu se han producido hasta dos hechos que vienen siendo investigados por la Fiscalía Provincial. El primer caso se remonta al 27 de febrero y está relacionado con la utilización de un terreno ubicado en la margen izquierda de la carretera Hiram Bingham, el cual estaría siendo empleado por buses de una empresa de transporte de pasajeros. Esta situación ha sido ya materia de una investigación fiscal que está en curso. El segundo hecho ocurrió el viernes 13 del presente mes, cuando aproximadamente 200 personas habrían ocupado un espacio y habrían hecho una suerte de cerca con arpillera”, detalló.
Luego mencionó que de todas estas personas ya hay siete identificadas, quienes tendrán que comparecer ante la ley por la invasión. ““Tenemos también la referencia de que no son personas extrañas, son personas que ya residen en Machupicchu y que han alegado la necesidad de tener un espacio. Ello debe ser canalizado por la autoridad municipal respectiva, que no ha brindado ningún tipo de autorización para esta ocupación. Se trata de un inmueble de propiedad del Estado y además hay una multiplicidad de personas. Lo que se estima es que la autoridad municipal tenga que ejercer sus atribuciones para la recuperación más pronta de su terreno”, acotó.
UN ALCALDE DENUNCIADO. A propósito de la presuntamente amañada concesión de la ruta Hiram Bingham, y toda la implicancia que esto tuvo en Machupicchu, el alcalde de Urubamba, Ronal Vera, recibió un último pedido de suspensión en su cargo. El urubambino Guillermo Rodríguez, el pasado 13 de marzo, justo cuando se llevaba a cabo la segunda invasión en Machupicchu, solicitó formalmente al concejo que evalúe la salida temporal del burgomaestre por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Consorcio Torontoy, un hecho que, según el documento presentado, no habría sido producto de una emergencia real sino de una lamentable falta de planificación.
Como si fuera poco, informes técnicos y advertencias del sector habrían alertado inconsistencias en el proceso, pero aun así se siguió adelante. Hoy, la presión crece y el concejo municipal tiene la última palabra en un caso que podría marcar un antes y un después en la política local.