Juan Miranda, poblador del distrito de San Jerónimo y uno de los demandantes contra los hornos ladrilleros que funcionan en Machupicchu, ha señalado que la autoridad municipal y la Policía deben acatar la orden del Poder Judicial que les da 15 días de plazo para que se cierren estas industrias que contaminan el aire y atentan contra la vida de las personas. “No se puede aducir que esta orden judicial atenta contra el trabajo de las personas, pues es mas grave atentar contra la salud y la vida de las personas. Además, ya existe una orden judicial que ha sido desacatada durante todo un año. No hay mas excusas y la policía y el Ministerio Público deben tomar las medidas más acertadas para evitar cualquier saldo trágico. Pero los ladrilleros deben entender que están al margen de la ley y si son detenidos o cerrados, es porque están cometiendo un grave delito”, indicó
Son más de tres mil personas, las que trabajan en los hornos y han advertido que es su única fuente de ingreso, por lo que no permitirán la paralizaciones de sus operaciones. Se teme que la intervención de la policía podría ocasionar heridos y hasta muertos.