Funcionarios y exfuncionarios inmersos en responsabilidad civil.
La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/123 000 en contra de la Municipalidad Provincial de Espinar, por la falta de cobro de penalidades en cuatro ampliaciones de plazo otorgadas durante la ejecución de la segunda etapa del Sistema de Radio Comunicación Digital para el proyecto ‘Mejoramiento de los Servicios de Seguridad Ciudadana en el distrito de Espinar’. Cuatro funcionarios tendrían presunta responsabilidad civil en estos hechos.
INVESTIGAN. Según el Informe de Control Específico N.° 051-2023- 2-0387-SCE, el 28 de setiembre del 2016, la entidad firmó contrato con la empresa Soluciones Digitales Unificadas por S/ 1 230 000 para la adquisición e instalación del citado sistema de comunicación. El proceso tuvo dos etapas. La primera de 25 días calendario a partir del día siguiente de la firma del contrato y la segunda etapa de 38 días contados al concluir la primera fase.
Sin embargo, durante el desarrollo de la segunda etapa (servicio de instalación y puesta en operación de todos los bienes suministrados) el contratista solicitó dos ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones por la omisión de atención a la solicitud de autorización para la instalación de las torres y/o antenas de comunicación y la dilatación de dicho permiso por parte de los servidores encargados del trámite. Otras dos peticiones más fueron requeridas por las condiciones climáticas y el corte de suministro eléctrico, los cuales no estuvieron debidamente acreditados ni sustentados pues no se indicó la fecha en que culminó el evento que causó el retraso o paralización.
Sin embargo, dichos requerimientos fueron declarados procedentes y notificados por los funcionarios y servidores responsables de revisar, evaluar y notificar las solicitudes, permitiendo la aprobación automática del total de días solicitados por el contratista por la aplicación del silencio administrativo positivo. Estos hechos generaron perjuicio económico a la entidad correspondiente a S/ 60 000 y a la inaplicación de penalidades por retrasos injustificados en la ejecución del proyecto por S/ 123 000.
Los resultados del informe, que comprendió el periodo del 01 de enero del 2016 al 31 de julio del 2019, fueron comunicados al titular de la entidad y procurador público de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones civiles en contra de los dos funcionarios comprendidos en los hechos materia de control.