El caso es tomado como banda criminal, cuando en realidad sería una organización criminal.
Después del escándalo que se registró en Cusco por la inacción del fiscal Carlos Alanya, quien no hizo nada para proseguir con las investigaciones por sicariato contra periodistas de esta medio de comunicación, recién la Fiscalía se ‘pone las pilas’ y emite nuevas disposiciones, a fin de dar con quienes encargan ataques y atentados contra los periodistas que investigan y denuncian la operación de discotecas clandestinas en todo Cusco.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL. Para el abogado Giovani Madrid, el fiscal a cargo del caso debe ser castigado por sus demoras y falta de profesionalismo en el caso, ya que no actuó cuando debería y ahora todos los implicados de la contratación de sicarios están libres, como si nada hubiera pasado.
“Carlos Alanya sería castigado porque no estuvo presente en las declaraciones iniciales, además certificó dos delitos tipificados en el Código Penal como es extorsión y banda criminal, pese a que debido a que estos sujetos tos delinquen constantemente se trataría de una organización criminal. Repetimos, esta investigación se debe derivar a la Fiscalía de Crimen Organizado ya que existen elementos con los que se puede comprobar que existe una organización detrás de todo esto”, citó.
También mencionó que se ha dispuesto el levantamiento del secreto de comunicaciones, levantamiento del sistema Yape, por el cual se habría hecho el pago para atacara a la periodista Karerina Bayona y se ha dispuesto la declaración de testigos.
¿CAMBIO DE FISCAL? “Se debe encontrar a las personas que están detrás de estos chats, nos llama la atención que haya firmado los documentos otro fiscal y no sabemos si hubo cambio del que se hallaba asignado o no, la finalidad de las diligencias prelimares es establecer la gravedad del hecho e identificar a los autores. Han emitido una disposición de ampliación de investigación preliminar, después de haber analizado el caso y de precisar delitos, que son bastante graves. Hay más pruebas en el teléfono del exconvicto, donde hablan sobre el reglaje en días cuando se emitían reportajes sobre las discotecas clandestina”, señaló por su parte el abogado Ramiro Alatrista.
Acotó también que el Ministerio Público ha entendido por fin la gravedad del hecho denunciado, que debe ser investigado de oficio, que en un principio no actuó con la diligencia necesaria, ahora la Fiscalía se estaría ordenando y se están haciendo las imputaciones e identificando a los implicados.