Familiares exigen que sean liberados, pese a que atacaron bus a pedradas.
Desde hace más de un año, cuatro jóvenes de la comunidad de Cuyo Grande en Pisac – Calca, vienen afrontando prisión preventiva, acusados por el presunto delito de disturbios, ocurridos el 31 de enero del 2023, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y los congresistas.
ACEPTARON SUS DELITOS. Si bien se acogieron a la terminación anticipada; sobre ellos pesa una sentencia de seis y siete años. Marcelino Quispe, encargado de la defensa de uno de los jóvenes lamentó que los imputados hayan sido ‘mal asesorados’ durante el proceso judicial.
“El día de hoy se tenía una audiencia de apelación, la reprogramaron para mañana (hoy miércoles), posiblemente salga la libertad de uno o dos, son cuatro. Estamos en la última parte del proceso; ellos se acogieron a la terminación anticipada creyendo que iban a obtener su libertad; sin embargo, salió todo lo contrario debido a que se responsabilizan de lo acontecido”, mencionó
Ferdinand Huaccanqui, Redy Huaman, Richard Camala y Joel Hivallanca, aún permanecen internados en el penal Qenccoro; sin embargo, sus familiares aseguran que en su momento llegaron a participar de las protestas motivados por los dirigentes, quienes se desentendieron de la situación legal de los imputados.
Isabel Huamán, madre de Joel Hivallanca, entre lágrimas pidió que el Poder Judicial determine libertad condicional para los jóvenes a fin de que puedan trabajar y pagar la reparación civil. Lamentó que los dirigentes, así como la congresista, Ruth Luque, no hayan cumplido con ayudarlos, como inicialmente se comprometieron. “Nos dijeron vamos a contratar a un abogado, vamos a hacer actividades, pero nada”, mencionó.
Marcelino Quispe, también dejó entrever que muchos de los comuneros fueron ‘obligados’ a participar de las protestas por no pagar una multa o que los despojen de sus predios.