JOINNUS OBTUVO ORDEN DE SERVICIO POR S/ 36 MIL Y DESPUÉS MILLONARIA ADENDA

Son tantos los problemas que hasta la directora de Cultura Cusco tiene que salir a vender boletos.

La concesión de la venta de los boletos para ingresar a Machu­pícchu es algo que estaba planea­do desde hace varios años por el Ministerio de Cultura (Mincul) y contaba con el apoyo de anterio­res administraciones en la Direc­ción Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco; sin embargo, los go­biernos pasados no se atrevieron a ejecutar esta tercerización, por miedo a la reacción de los traba­jadores de la DDC y a la de los dis­tintos gremios regionales. Ahora, el gobierno de Dina Boluarte ha decidido concretar esta conce­sión, pero de la manera más torpe posible, pues, quienes rechazan

esta medida, tienen muchos ar­gumentos a su favor.

UN PROCESO AMAÑADO. Desde el último sábado, el Mincul ha comenzado a utilizar plata­forma virtual “tuboleto.cultura. pe” para la venta de boletos a Machupicchu. Este sistema ha sido desarrollado por la empresa Joinnus del grupo Credicorp que le pertenece a Dionisio Romero, empresario aportante a la cam­paña presidencial de Keiko Fuji­mori.

Empresa obtuvo orden de ser­vicio por S/ 36 mil y después se favoreció con millonaria adenda, misma que se ha convertido en aliada del gobierno de turno que lidera Dina Boluarte. Es decir, Bo­luarte estaría

favoreciendo al empresario que apoyó la campaña de Keiko Fuji­mori, con el objetivo de que esta, siga respaldando la continuidad de la mandataria hasta el 2026.

El Mincul y la empresa Joinnus suscribieron la Orden de Servi­cios N° 3480-2023-S con fecha 04/08/2023, para la contrata­ción del alquiler de una platafor­ma tecnológica virtual para la modernización de la gestión de visitantes de los bienes inmuebles prehispánicos, museos e institu­ciones museables a cargo del Mi­nisterio de Cultura a nivel nacio­nal. Este servicio tenía un costo inicial de 36 mil soles por un plazo de 6 meses. Sin embargo, posteriormente sus­criben la adenda N° 01 de fecha 07/11/2023, mediante la cual se amplió el objeto de la contrata­ción, para un total de 21 espacios culturales, incluyéndose a Ma­chupicchu y Kuelap. Lo llamativo de esta adenda es que, considera un porcentaje de 3.9 % (incluye impuestos) del costo de cada bo­leto en favor de JoinLa FTDC en pie de lucha contra Joinnus.

Los trabajadores de la DDC Cusco y varias organizaciones sociales han criticado la manera en que se ha favorecido a Joinnus, pues consideran que, “desde el inicio se debió implementar una licita­ción”, pues son más de 10 millones de soles los que se pagarán y no, menos de 8 UITs, como justifica el Mincul. “Hicieron que Joinnus obtenga una orden de servicio mediante un proceso simplifica­do de comparación de precios y después los beneficiaron con una adenda millonaria. Esto es irregular por donde se le mire”, señala Alfredo Cornejo, quien se presenta como presidente del Frente de Defensa del Patrimo­nio y quien ahora es, el principal representante de la oposición a la venta virtual de boletos mediante la plataforma de Joinnus.

UN VERDADERO FAENÓN. Todo este entuerto ya fue denun­ciado a la Contraloría General de la República el pasado 5 de enero, por los congresistas Ruth Luque Ibarra y Segundo Acuña Peralta, pero hasta el momento no existe ninguna respuesta técnica. Los parlamentarios respaldan la de­nuncia realizada por la exdirecto­ra de la DDC Cusco Maritza Rosa Candia, quien indicó que todo este proceso, no contaba con las directivas de procedimiento para la migración de la plataforma vir­tual de la DDC a la plataforma de Joinnus. «En el Informe N° 0194-2023-OGA/MC de fecha 29 de diciembre del 2023, se concluye: Es preciso aclarar que no se ha otorgado una “concesión” a Join­nus, lo que se ha realizado es una contratación menor a 8 UIT por el alquiler de una Plataforma Tec­nológica Virtual para la Moderni­zación de la Gestión de Visitantes de los Bienes Inmuebles Prehis­pánicos, Museos e Instituciones Museables a cargo del Ministe­rio de Cultura, bajo el ámbito de la aplicación del TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del estado y su reglamento”; sin embargo, mediante la Resolución Ministerial Nº 000528-2023-MC se modifica e incluye la definición “Operador logístico”, haciendo alusión a la empresa selecciona­da y contratada de manera per­manente para la venta de boletos turísticos», indica la denuncia parlamentaria.

Además, los trabajadores de la DDC Cusco, mediante su secre­tario general del sindicato, Daniel Estombelo Taco, han puesto una demanda constitucional de Ac­ción de Amparo, pues consideran que la venta de boletos de manera virtual mediante la plataforma de Joinnus atenta contra su derecho al trabajo. Ellos señalan que has­ta antes del 20 de enero, la DDC y el Mincul vendían las entradas a Machupicchu, mediante una plataforma virtual propia. “No es posible que tengamos un sis­tema que está funcionando sin ningún problema y que no nos genera ningún gasto, pero ahora lo quieren sustituir con una tec­nología que va a costar más de 10 millones de soles y que no genera ninguna mejora. Esto es algo que atenta contra la institución y el derecho de los trabajadores pues este presupuesto es necesario para proteger nuestro patrimo­nio que no tiene ni 3 millones de soles anuales para cumplir con este objetivo”, señaló Estombelo, quien confía en que la justicia les dé la razón.

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga es la principal impulso­ra para que Joinnus ingrese con su sistema en la venta de boletos para Machupicchu y el último sábado señaló que por iniciati­va propia, las empresa del gru­po Credicorp había desistido de cobrar el 3.9 % de porcentaje por cada boleto y que solo y úni­camente cobraría los 6 mil soles mensuales. Como si reconociera la irregularidad de la adenda.

“Los resultados son importantes y la experiencia de los visitantes ha mejorado. A la fecha, hemos facilitado el acceso de más de 45 mil visitantes. Además, hemos identificado discrepancias en la caja de pagos y los ingresos en efectivo”, aclaró.

LA PRIVATIZACIÓN. Además de las irregularidades en la con­cesión en favor de Joinnus, las or­ganizaciones sociales de la region Cusco, han advertido que esta entrega es el inicio de un proceso de privatización de todo el mane­jo en Machupicchu. El Colegio de Antropólogos Cusco, señala, “No a la privatización del patrimonio cultural”, y “No al centralismo”. Esta misma postura es asumida por otras organizaciones como la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC) y las organizaciones sociales del distrito de Machupicchu, las que han anunciado movilizaciones y otras acciones de fuerza en los próximos días. Buscan que Cul­tura retroceda en la implementa­ción de la plataforma Joinnus.

Otras instituciones como la Uni­versidad San Antonio Abad, tam­bién han tomado partido y se han pronunciado rechazando a Join­nus, pues consideran que, “(…) La empresa privada Joinnus, no solo se encargaría de la venta de bo­letos, sino también del control y gestión (de Machupícchu)”.

La Unsaac también defiende el sistema que utilizaba la DDC Cus­co desde el año 2010, pues con­sideran que contaba con un sof­tware actualizado y eficiente.