Familiares de varios legisladores son proveedores del Estado.
Se defiende. El consejero regional Miguel Olivera, uno de los que votó a favor de que se archive la investigación contra siete consejeros regionales en la Comisión de Ética, Disciplina y Reglamento del Consejo Regional del Cusco, refirió que no se ha encontrado mayores pruebas de que las autoridades investigadas hayan influido para que sus familiares contraten con las municipalidades.
Olivera, señalo que tras conocer el caso de los consejeros de inmediato remitieron documentos a los alcaldes, jefes de logística e incluso a las procuradurías municipales para recabar información si alguno de ellos había intercedido para que sus familiares contraten con los municipios. Manifestó que todos ellos respondieron de manera documentada no haber tenido ninguna presión o que algún consejero haya intervenido para que sus familiares se beneficien con las contrataciones.
Es más; explicó que en su declaración los proveedores, en ese caso los familiares de los consejeros, a sabiendas que no podían contratar con el Estado señalaron que no estaban impedidos, situación que ya no sería responsabilidad de los consejeros regionales, pero sí de los proveedores.
Ante esta situación, dijo que la comisión de Ética agotó su labor, por lo que se consideró que debía archivarse al no tener mayores pruebas de algún grado de influencia que pudieron tener los consejeros, pues aclaró que no tienen prerrogativas para realizar acciones como el levantamiento de las comunicaciones, labor que sí puede hacer el Ministerio Público.
ARCHIVADO EN ÉTICA
Como se sabe, la semana pasada la Comisión de Ética, Disciplina y Reglamento del Consejo Regional del Cusco archivó por mayoría la investigación a siete consejeros por falta de pruebas. Los consejeros Miguel Olivera y Maria Elena Yábar votaron por el archivamiento y solo Horacio Quispe voto en contra; en tanto dos consejeras se inhibieron por estas investigadas por el mismo caso.