En caso lo determine el Poder Judicial, por incumplir resolución de cierre de hornos
Los integrantes del colectivo civil Vida, Salud y Medio Ambiente calificaron de ‘argucia’ la justificación de la municipalidad de San Jerónimo para suspender el desalojo de las ladrilleras ubicadas en el distrito, por un supuesto caso de ‘ambiguedad’ en la resolución del Poder Judicial del Cusco, respecto a la denominación de la empresa extractora y las ladrilleras en sí.
El abogado Mario Quispe, refirió que tras el incumplimiento en la ejecución de la decisión judicial en el plazo de 10 días, han solicitado que se proceda con la destitución del cargo y el pedido de prisión preventiva contra las autoridades involucradas, entre ellos el alcalde de San Jerónimo, Máximo Rimachi.
“Está sentencia ha demostrado que en el Cusco hay contaminación. El día lunes (las autoridades) han ido a una empresa que es extractora y no se ha ido a las ladrilleras que cometen el delito. (…) Estamos pidiendo que de inmediato se cumpla el artículo 27 que determina la suspensión de los funcionarios que no han cumplido (la resolución) y que cumplan prisión preventiva”, expresó.
La bióloga Nora Ugarte señaló que desde el municipio de San Jerónimo existe interés de querer confundir a la colectividad para que no prospere el desalojo de las ladrilleras, intentando argumentar deficiencias en la resolución emitida, postura la cual rechazan pues indican que la decisión es firme y clara, respecto al cierre y desalojo de 168 ladrilleras informales que operan en el distrito.
“Es una argucia bien dirigida y estudiada, (que quiere hacer creer) que nosotros nos hemos quejado contra la empresa extractora (de los materiales para fabricar los ladrillos) y no es así, es bien claro los fundamentos que se han presentado, así como la resolución”, expresó Ugarte.