También critican que la investigación se haya centralizado en Lima.
Los sucesos de violencia ocurridos en el Perú y que generaron más de 60 muertos, a finales del 2022 y a inicios de este año, son investigados por el Ministerio Público de forma muy “lenta”, señalaron los representantes de las instituciones que velan por los Derechos Humanos.
“La justicia deja mucho que desear, con 49 personas que fueron ejecutadas y otras 20 que murieron en ese contexto de las movilizaciones (violentas), y hasta el momento no hay avance significativo en búsqueda de justicia. Los ministerios del Interior y Defensa no colaboran con la justicia entregando los planes operativos ni la información que ha sido requerida por una juez”, señaló Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).}
Asimismo, señalaron que la concentración de las investigaciones en la ciudad de Lima, no garantizan un adecuado manejo, por lo que están muy atentos de todas las acciones del Ministerio Público. “Crearon un equipo especial en Lima para las investigaciones y el plazo para ese equipo ya se venció y seguro lo han prorrogado, pero no hay una garantía que esto vaya a funcionar, además, implica movilizar victimas y fiscales al interior del país”, señaló.
Las ONGs, estarán atentas a lo que pueda ocurrir en las próximas semanas, cuando nuevamente se realicen protestas en distintas partes del país. Pidieron que no se “estigmatice”, a quienes ejerzan su derecho a la protesta, pues se les estaría tratando de “terrucos” (terroristas).