El 11 de mayo de este año, el Congreso dio luz verde por mayoría a la Ley n° 31751 que modificó el Nuevo Código Procesal Penal, ordenando acortar a un año el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal para los procesos penales. Denuncias de medios nacionales señalan que esta modificación habría beneficiado al congresista Alejandro Soto Reyes en un proceso de estafa.
Soto ha señalado que, “la ley de prescripción a la que se hace mención como “Ley Soto” es de autoría del congresista Flavio Cruz Mamani de la bancada de Perú Libre. Es decir, Alejandro Soto no es autor ni ha participado en el debate, dicha ley se aprobó en mayo del 2023 cuando no era presiente”. Sobre el archivamiento del caso de estafa, señala que, “el 4to Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco todavía en fecha 08 de noviembre del año 2019 archivo el proceso penal al que se hace mención, aclarando que se trata de una compra-venta de terreno entre una empresa privada y el congresista, que tiene connotaciones civiles y no penales, (…) el proceso se ha llevado a cabo en otro juzgado por disposición superior, el mismo que ha concluido con un segundo archivamiento en este año 2023. Por lo tanto, no existe ningún beneficio en favor del congresista Soto”.