También habría cobrado a empresa por un trabajo que nunca realizó
El congresista de la República, Alejandro Soto, afronta una acusación de ocho años y ocho meses de prisión, que ha solicitado la fiscal, Etel Marquina, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cusco, por los presuntos delitos de estafa que habría cometido el año 2012, en agravio de la Empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu S.A; donde era asesor legal. Todo está comprendido en el expediente judicial N° 04793-2018-91- 1001-JR, que el próximo 12 de abril inicia etapa oral.
COBRÓ SIN TRABAJAR. La primera estafa que habría cometido el hoy congresista de Alianza para el Progreso, sería por no haber cumplido con el servicio para el que fue contratado, por la “elaboración de Estatutos Modificados de la Sociedad, por el monto de S/ 10 mil, cancelándose el 50 % a la firma del contrato”, nunca fue entregada de manera completa en los 15 pactados pero “cobró más del 100 % de lo pactado”, según reza la denuncia.
Soto también le habría vendido a esta empresa un terreno que era suyo, por un valor exponencialmente mayor al que pagó y encima, con menor tamaño. “El acusado Alejandro Soto Reyes, vendió a la empresa agraviada, para la cual prestaba servicios como asesor legal, un predio en US$ 265 mil, cuando ocho meses atrás, la había comprado por US$ 5 000 mil, habiendo incrementado el precio en más de 5 000 %”, señala parte de la acusación.
TAMAÑO. Además, “contrataron los servicios del acusado Marco Antonio Quenta, de profesión ingeniero agrónomo, que coincidentemente es hermano de José Carlos Quenta (personal de años de Alejandro Soto); para fines de la elaboración del plano perimétrico de localización (…) en el cual, consignó falsamente que el área del terreno presuntamente adquirido por la empresa, era de 879.9 m2, cuando en la realidad es de 640.61 m2, en perjuicio de los representantes de la empresa”. Es decir, les vendió 239.29 m2 (metros cuadrados) menos.
Encima, con el consentimiento de los trabajadores administrativos de la empresa, “el impuesto a la renta de segunda categoría, que correspondía ser asumido por el vendedor del predio, Alejandro Soto en S/ 24 mil 879, terminó siendo pagado por la empresa”. En su declaración ante Fiscalía, Soto Reyes adujo que, “Aclaró que el contrato en su cláusula sexta, establece que los gastos y tributos serán asumidos íntegramente por el comprador, señaló además que durante cinco años no recibió carta notarial alguna ni de otra índole, en la que tengan algún reclamo respecto a la compra venta antes indicada”, dijo.
El delito cometido por Alejandro Soto, sería contra el patrimonio, en la modalidad de estafa, sub tipo estafa genérica en grado de consumada con concurso real de delito.